No hay igualdad de derechos para la mujer conviviente

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Días pasados,  se presentó una demanda judicial en Viedma tras conocerse que una mujer, luego del fallecimiento de su pareja conviviente durante 35 años, no podría reclamar derechos de herencia sobre los bienes  ‘comunes’. El Código Civil y Comercial de la Nación, no contempla que una mujer concubina/conviviente/no casada ‘como Dios manda’ tenga derecho a ser heredera. Por Alejandro Cornide

El 20 de febrero pasado se presentó una demanda judicial pidiendo la declaración de inconstitucionalidad del Código Civil y Comercial de la Nación, por no permitir que la mujer concubina/conviviente (no casada) sea heredera. La presentación se hizo ante el Juzgado en lo Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 1 de la ciudad de Viedma.

La demanda expresa que “por su notoria injusticia y por resultar discriminatorio, solicitamos se declare la inconstitucionalidad del Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto configura la exclusión de la vocación hereditaria de la conviviente supérstite”. Es decir: la mujer conviviente y ‘viuda’, no tendría derecho a formar parte de la nómina de herederos del fallecido.

Es de público conocimiento que en la actualidad existen diversos modelos familiares diferentes al modelo matrimonial: familias monoparentales, familias ensambladas, familias de convivientes, entre otras. La demanda persigue la protección integral de la familia concubina/conviviente, y asegurar el “respeto del derecho a la igualdad y no discriminación de las diversas formas familiares reconocidas por el Bloque de Constitucionalidad Federal (Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos), por cuanto el matrimonio ya dejó de ser el fundamento exclusivo de la familia”.

Casos como éstos exigen tener perspectiva de género para su resolución, y requieren de la aplicación de medidas de acción positivas en favor de las mujeres , tal como  estipula la Constitución Nacional en su art. 75° inc. 23.

La demandante fue concubina/conviviente del difunto por casi 35 años, hasta su fallecimiento, siendo además víctima de violencia de género por todo ese tiempo. Hasta ese momento, la mujer conviviente invirtió casi todo su salario en la vivienda familiar . Realizó ampliaciones al doble de su tamaño, compró una porción de terreno vecino y colocó un restaurante.  Además, acompañó al difunto durante toda su vida, y lo asistió en su enfermedad hasta sus últimos días, pese a sus habituales maltratos. Jamás imaginó, que tras el fallecimiento de “su marido”, la ley vigente la dejaría empobrecida.

Las vivencias descriptas constituyen ni más ni menos, la visión patriarcal machista de la familia que lamentablemente se mantiene aún vigente en nuestra sociedad.

La negación que se establece en la normativa para que esa mujer pueda heredar los bienes mencionados, son contrarios a los principios básicos de equidad y justicia consagrados en la Constitución Nacional. En casos como éste, se halla en juego la reivindicación de los derechos de la mujer porque, al hecho de que la conviviente fuera víctima de violencia de género durante todo el tiempo en que convivió con el difunto, se le suma otro que es el de resultar excluida de la herencia de los bienes, porque estaban inscriptos a nomre del fallecido en carácter de “cabeza de familia” al estilo patriarcal .

Por otra parte, negar su carácter de heredera a la mujer conviviente  carece de razonabilidad legal.  Es que aún si se admitiera que los derechos consagrados en la Constitución Nacional -y los tratados internacionales- deben ser reglamentados por las leyes del Congreso para hacerlos tener vigencia, resulta claro que las reglamentaciones no pueden negar el goce de esos derechos reconocidos. Esto último no es razonable; y una norma que no es razonable resulta inconstitucional.

No existe forma de justificar la privación del derecho sucesorio a las familias de convivientes sin incurrir en una discriminación lisa y llana. Se trata del castigo a una familia por no seguir el modelo que desde el Estado se promociona como ideal (matrimonio) y se deja de brindar la protección integral de la familia que ordena la Constitución Nacional.

Otros países sudamericanos no desconocen “la vocación hereditaria de la conviviente”. En Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Ecuador, y Uruguay , se reconoce a la mujer conviviente desde hace más de una década, la posibilidad de ser parte de los herederos de la persona fallecida.  En ese aspecto, nuestra legislación se encuentra atrasada respecto de la mayoría de los países del Como Sur en términos comparativos.

Aquí se da el caso que el Código Civil vigente se transforma en inconstitucional al no prever a la pareja conviviente  como nueva forma de familia; y a sus miembros como herederos de su pareja. Por otra parte, las diversas formas familiares son reconocidas por la Constitución Nacional  en su art. 14 bis, y por diversos tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos a la cual Argentina adhiere.

Por lo tanto,  el Estado tiene el deber de asegurar la protección de la familia. Ello implica que no puede privarse a una familia de un conjunto de derechos por el hecho de no seguir el modelo familiar matrimonial impuesto.

Un pasaje del la demanda presentada ante la Justicia, enuncia que  “reconocer un modelo de familia bajo el pretexto de constitucionalizar el derecho privado, pero negar a la vez el derecho sucesorio a ‘ese’ modelo de familia, resulta discriminatorio y atenta contra los principios de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos”. Como familia constituida, constitucional y convencionalmente reconocida, los derechos que les son inherentes -entre ellos el sucesorio- deben ser asegurados por el Estado. Es por ello, que sería irrazonable, inaceptable e injusto, excluir a la conviviente como heredera en tanto familiar del difunto.

En tal sentido, se requirió al Poder Judicial que se la declare como heredera del 50% de los bienes inscriptos a nombre del difunto. Queda pendiente  ahora, conocer la respuesta de las autoridades judiciales.

Algunas notas  jurídicas respecto de la discriminación hacia la familia conviviente

Los principios constitucionales de igualdad y no discriminación (art. 16 de la Constittución Nacional), así como de protección integral de las diversas formas familiares (art. 14 bis de la Carta Magna), indican que es inconstitucional negarle vocación hereditaria a la conviviente supérstite.

Por otro lado, y contradictoriamente, el ordenamiento Argentino reconoce para algunas cuestiones (para otras no) el derecho sucesorio de la conviviente, por ejemplo: la compensación económica exigible a los herederos reconocidos; la atribución de la vivienda por dos años; y se reconoce la legitimidad del matrimonio realizado antes de 30 días del fallecimiento. Todo lo cual resulta a todas luces arbitrario e injusto.

Pero eso no es todo, el Estado Nacional, mediante el art. 53 de la Ley N° 24.241 de Jubilaciones y Pensiones, otorga como derecho sucesorio a la conviviente supérstite que haya convivido por un mínimo de cinco años o dos si existen hijos en común, la facultad de cobrar una pensión por viudez. Pensión que es percibida actualmente por la demandante.

Por su parte, la Ley de Contrato de Trabajo (ley 20.744), en su art. 248 otorga a la conviviente el derecho a reclamar indemnización por fallecimiento de su compañero.

El Código Civil y Comercial de la Nación, en su art. 1741, otorga a la conviviente supérstite legitimación para reclamar indemnización por daños, con sólo acreditar que ha recibido “ostensible trato familiar” (reconocimiento de familia).  Además, el art. 1190 del mismo Codigo, otorga a la conviviente supérstite el derecho a continuar la locación si su compañero fallece por el hecho de haber recibido “ostensible trato familiar”.

En síntesis, en diversas normas se reconoce que la unión convivencial constituye un modelo familiar, pero contrariamente, el art. 2424 del Código Civil , establece que las concubinas/convivientes no pueden ser herederas, y que tienen más derecho a ser herederos los primos (con quienes el difunto puede no haber tenido trato), o el Estado (si no hay otros herederos reconocidos). Ello excluye a la conviviente supérstite, que en el caso judicializado ha convivido con el difunto durante 35 años.

Todo ello “resulta una discriminación a la familia conviviente” dice la demanda. Agrega que la indicada contradicción normativa de reconocer el derecho sucesorio en algunas áreas y en otras no, a familiares lejanos o al propio Estado, demuestra una clara discriminación hacia la familia de convivientes -principalmente a las mujeres- respecto del modelo tradicional de familia impuesta por el Estado que es el matrimonio.

Por todo lo cual, se concluye que existe el deber judicial de declarar la inconstitucionalidad de la exclusión de la vocación hereditaria de la conviviente por resultar además de todo discriminatoria de las diversas formas de familia.