“Veo venir 30-40 años de conflictos para toda la región, espero que podamos frenar esta evidente atrocidad legal, ciudadana y ambiental” comenta el legislador rionegrino Mario Sabbatella al exponer su preocupación por la entrega del Cerro Catedral a privados “Es una situación tan fuera de la legalidad, tan a las apuradas y con tantos secretos que la respuesta del ejecutivo y legislativo en cuestión, debe ser un rotundo No, algo así no se puede hacer, no hay ley que lo permita ni razón que lo soporte. Si la respuesta es diferente entonces veo venir un conflicto para los próximos 30-40 años en la región.”

En estos términos se refirió el legislador rionegrino Mario Ernesto Sabbatella en entrevista radial, donde aclaraba que “es difícil de comprender como la concesión de un espacio natural, patrimonio de todos los argentinos, y además que contiene el centro de esquí más grande de Sudamérica, pase como si de un simple alquiler se tratara. Hay leyes, por favor, salvo excepciones en general el concejo deliberante de Bariloche parece desconocerlas. Aunque todos entendemos que las presiones vienen de muy alto, estar en los espacios políticos requiere de un poco de valentía, al menos la suficiente para quedarse del lado legal en cualquier discusión”.

Para explicarlo mejor, el legislador apeló a una comparación: “Supongamos que me compré un departamento frente al Centro Cívico de Bariloche y presento a la municipalidad un proyecto para hacer un edificio en el medio de la plaza. Salen todos a cascotearme y les respondo: ehe muchachos no se apuren, si total nadie me aprobó el proyecto todavía – A ese nivel están siendo las respuestas de quienes apoyan el proyecto inmobiliario de Nicolás Caputo, junto con la falta de licitación para la concesión a CAPSA, la entrega de 70 hectáreas aledañas y tantas locuras más. Quienes llegaran a firmar su aprobación deberán buscarse buenos abogados para el futuro cercano, están incumpliendo en sus funciones y frente a la ley.”

A solo 3 meses de asumir, el mismo presidente Macri fue quién tuvo la iniciativa de comenzar a negociar la entrega del Cerro Catedral a la familia Trappa, junto con el proyecto inmobiliario de su amigo Nicolás Caputo. Las presiones vienen de Nación y como en tantas otras cuestiones, el gobernador Weretilneck acompaña. Pero lo más grave – continúa Sabbatella – “es que no hay licitación, el centro invernal por estar sobre un cerro que No puede ser privado, requiere de una concesión para su administración, si luego de la licitación le toca a CAPSA porque cumple con los requisitos, bien, pero toda concesión se da en el marco legal donde otros interesados presentan sus intenciones y proyectos. Además el Cerro San Martín aledaño al Cerro Catedral fue comprado a muy bajo precio por Nicolas Caputo, y ahora presentan un proyecto inmobiliario que viola todas las leyes urbanísticas de la zona. No hay estudio de impacto ambiental y se excusan en que ese estudio se haría junto con la aprobación del proyecto inmobiliario: el proyecto de Caputo involucra una especie de ciudad satélite con unos 580.000 metros cuadrados de construcción que por ordenanza y estudios geo ambientales, sería ilegal e inseguro, construir. Y todo esto todavía sin entrar en detalles abrumadores que tienen que ver con lo que CAPSA deja como migajas en el Municipio a cambio de millonarias ganancias, ni de las exigencias en cuanto a servicios públicos para ese proyecto privado.”

El Lunes 12 de marzo la ciudadanía se ha dado cita en el Centro Cívico a las 18hs para demostrar su total desacuerdo con esta entrega.

El pueblo de San Carlos de Bariloche frenó una entrega a 50 años a comienzos del 2016. La presión ciudadana fue tan grande que a pesar de que estaban tejiéndose los hilos de la negociación bastante en secreto, el espectro político tuvo que ceder a la presión ciudadana, en lugar de sostener la ilegalidad que le exigía el sector privado presionado desde Nación y Provincia. Pero ahora las negociaciones han vuelto al ruedo nuevamente, en lugar de 50 años serían 30, y con ese leve cambio pretenden que el Concejo Deliberante dé su voto positivo para la entrega. Las presiones han logrado que con los 8 votos justos, las conversaciones avancen.

Entre las pocas voces que se elevan de manera oficial, el concejal del FpV, Daniel Natapof explica que el informe final tiene rango de ordenanza y “es imposible que Desarrollo Urbano del Municipio desconozca esta normativa que es de referencia insoslayable para cualquier profesional y no está incluida en el acuerdo con CAPSA”. También del FpV, el legislador Alejo Ramos Mejía promueve juntadas de firmas para frenar la entrega y se suma al lado de los ciudadanos que reclaman legalidad sobre las acciones.

La ciudadanía consciente de las propias carencias, alerta entre tantos temas, que semejante proyecto inmobiliario va a acarrear un conflicto con los servicios de luz, agua, gas, transporte público, recolección de residuos y demás. En este momento la ciudad no cuenta con el abastecimiento y servicios necesario para sus 150.000 habitantes, por ejemplo las construcciones nuevas hace años que no tienen medidor de gas natural, la ciudad está en espera de la ampliación del gasoducto no para crecer, sino para abastecer lo pendiente, y además el sistema de cloacas existe solo en el centro de la ciudad. La recolección de residuos está colapsada, en la mayoría de los barrios los camiones pasan con suerte 3 veces a la semana y el basural a cielo abierto es una preocupación de envergadura. En general se teme que semejante proyecto inmobiliario absorba las capacidades actuales y las posibles futuras ampliaciones de los servicios públicos, desabasteciendo aún más a la población residente.

Al respecto Mario Sabbatella agrega que “Sin duda estos CEOs en el futuro no van a tener contemplaciones en exigir bajas en los impuestos, y reclamar prioridades, de hecho ya lo estaban haciendo en el intento del 2016, demandándole al Municipio excelencia y prioridad en el transporte público por ejemplo. Ahora en esta nueva embestida creo que el tema no se ha hablado, pero una vez que logren – si lo logran – hacerse del Cerro Catedral y del proyecto inmobiliario, seguramente sabrán presionar para quedarse con las nuevas conexiones de gas, agua y luz, y con todo lo que puedan extirparle al Municipio de Bariloche y a los impuestos que la ciudadanía paga. Veo venir 30-40 años de conflictos para toda la región, espero que podamos frenar esta evidente atrocidad legal, ciudadana y ambiental.”

“No sé cómo resuelven las personas que deben firmar esta atrocidad legal sus conflictos internos, sospecho que no podrán dormir de noche pensando en lo que le están haciendo no solo a su ciudad San Carlos de Bariloche, sino a la Patagonia y a la Argentina toda. Sospecho que las presiones desde Nación y la misma Provincia de Río Negro son tan grandes, que prefieren firmar a sostenerse del lado de la ley. Pero me sorprende. Me sorprende también el silencio de algunos referentes de la zona. La ciudadanía está bastante sola tratando de frenar todo esto. Sin información y solo basándose en los huecos legales que deberían estar cubiertos y no lo están como lo es la licitación, el estudio de impacto legal y el proyecto de urbanización del Cerro San Martin que es claramente ilegal”.

El diputado provincial recomienda a la “ciudadanía rionegrina y de toda la Nación, enterarse sobre el tema e involucrarse con la lucha ciudadana por proteger las leyes, el patrimonio natural, y sobre todo elevar la voz por un inminente daño al medio ambiente que será irreversible una vez que estos CEOs sin corazón ni respeto a las leyes de los argentinos, tomen posesión de las tierras como si les pertenecieran.”

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