Los legisladores Javier Iud y Alejandro Marinao (FPV) criticaron las nuevas reglas de juego que el gobierno provincial intenta imponerle a los municipios para acceder al Plan Castello, la iniciativa gubernamental que garantizaría obras de infraestructura urbana.

“La enormidad de requisitos que se exigen a los municipios para acceder a los fondos del Plan Castello exceden el espíritu de la Ley, tornando sus disposiciones en restrictivas, injustas y en superposición de otras normas”, expresó Marinao.

“Los fondos no reintegrables que por la Ley deben transferirse en forma igualitaria a los Municipios, no deben tener ningún requisito previo al envío de fondos. Solo lo dispuesto por la norma: invertir en obras de infraestructura y bienes de capital. Es decir que lo `reglamentable` es posterior al envío de los fondos y la manera de rendirlos.”, resaltó el Presidente del Bloque del FpV

Por su parte, Javier Iud expresó que “parece que la intención del Gobierno sería complejizar el envío de un fondo, que podríamos decir tiene el carácter coparticipable, atrasando el cumplimiento de lo que manda la ley, e incluso en la posibilidad que algún Municipio pierda el derecho que por decisión mayoritaria de la Legislatura se consignó en la Ley”.

“Si en 60 días desde la apertura de las sesiones de los Concejos Deliberantes de cada ciudad no se cumple con cada papel que se solicita, se puede perder el fondo. Nada de eso dispone la Ley”.

“El proyecto del decreto reglamentario de la Ley Castello incursiona incluso en exigencias que son facultades de cada municipio, por ejemplo cuando se exige -como requisito previo- incorporar las obras a realizar en los respectivos presupuestos locales, cuestiones técnicas que debe resolver cada Concejo Municipal y controlados por los Tribunales de Cuentas respectivos”, agregó el legislador sanantoniense

Ambos legisladores coincidieron que resulta un exceso crear una Comisión dentro del Poder Ejecutivo para aprobar proyectos, “cuando la ley sólo dispone cual debe ser el destino del recurso, y no que sea un funcionario provincial el que analice si es prioritaria para una localidad tal o cual obra, o si conviene comprar un camión o una bicicleta. Todo es resorte de cada municipio, quienes cuentan con áreas técnicas y funcionarios para decidir en que invertir el dinero”.

Finalmente dejaron en claro que no pretenden “obviar que cada uno haga lo que le corresponde, sino que cuestionamos se sancionen normativas para que la Provincia se quede con los recursos que por la Ley 5201 les pertenece a los Municipios”.-

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